Ha llegado el gran día para subastar la mitad de los clientes eléctricos restantes en el sistema de protección reforzada. Hoy en día la competencia la dirige el comprador individual: hay alrededor de 4,5 millones de clientes en juego, aproximadamente la mitad de los 10 millones restantes protegidos. La otra mitad son los llamados clientes vulnerables cuyo destino (con base en el Decreto Energético) debería haber sido determinado por un dictamen de la Autoridad de Energía (ARERA) que se emitirá a principios de febrero; Sin embargo, a finales de 2023, Arrera levantó la mano pidiendo tiempo hasta finales de 2024, cuestionando quizás si las subastas son la forma más adecuada de gestionar la transición al mercado para un segmento de clientes tan sensible.
Mientras tanto, los 20 operadores admitidos al concurso de hoy se encuentran en la fase de puesta en marcha: no todos han revelado la estrategia comercial y sólo algunos han fijado objetivos en el plan industrial. Utilitarias como A2A y Hera aspiran a alcanzar el máximo permitido por los umbrales antimonopolio, es decir, aproximadamente 1,4 millones de clientes adicionales cada una (los criterios estipulan una regla mínima de 100 mil clientes al 30 de junio de 2023, y un máximo de 7 lotes de 26 que se puede adjudicar y hasta 5 veces la base de clientes inicial). Iren aspira a 500.000 nuevos clientes. Plenitude Group Eni sigue manteniendo sus cartas cubiertas, mientras que la participación de Enel y Acea, que juntas poseen la mayor parte de los 4,5 millones de clientes de seguridad, se da por sentada para intentar defender sus acciones lo más posible. compañía. mercado.
La competencia será muy feroz: este grupo de usuarios es muy atractivo, también porque son excelentes pagadores, ya que los índices de insolvencia son inferiores al 2% de media. Y de nuevo: sólo se podrá presentar una oferta, sin incrementos, y el único criterio de selección será el descuento sobre la tarifa fija de comercialización, es decir, el margen de beneficio que recibe el operador por prestar el servicio.
Este mecanismo podría representar un arma de doble filo: por un lado, supondrá una factura más económica para los clientes durante 33 meses, que es el período de protección gradual. Por otro lado, puede llevar a las empresas de telecomunicaciones más pequeñas a intentar un golpe de estado para lograr un salto de escala y tal vez duplicar la base de clientes; El riesgo es que no están preparados para manejar la complejidad de la administración y facturación de TI y no pueden garantizar el servicio. O los descuentos excesivos pueden hacer que la operación sea financieramente insostenible.
En cualquier caso, hoy no se conocerá el resultado de la subasta de hoy. La asignación temporal se realizará mañana; El comprador individual no anunciará el resultado, pero informará a los participantes individuales de los lotes adjudicados. La misión final será el 6 de febrero. Pero todo puede posponerse mediante apelaciones y disputas. Esto se debe a que el proceso de transición de una mayor protección a un mercado libre de la electricidad se da en un contexto de gran incertidumbre: como se mencionó anteriormente, Arrera planteó varios aspectos importantes a finales de año.
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